Así lo manifestó el presidente del Cocarmi, Antonio Guillén, quien aseguró que “la irrupción de la COVID-19 y la convocatoria anticipada de elecciones ha frenado el impulso y la transformación de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad”.

 

De la misma manera, afirmó que “las desigualdades se han profundizado y, ahora más que nunca, necesitamos que la discapacidad sea prioritaria en la acción política parlamentaria para revertir esta situación" explica el presidente del Cocarmi, Antonio Guillén, que encabezó la delegación que se entrevistó ayer con la presidenta del Parlament.

 

Durante esta reunión el presidente de Cocarmi estuvo acompañado del vicepresidente, Raimon Jané, el secretario general, Enric Botí, y la secretaria técnica, Meritxell Caralt.

 

Desde el Comité también se trasladó la necesidad de garantizar cierta estabilidad política que permita agotar la legislatura. "Los últimos años hemos estado casi en una campaña electoral permanente. Hay que acabar con esta inercia para atender adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad; sobre todo, hay que aprobar unos nuevos presupuestos que den respuesta al actual contexto económico, social y sanitario. Recurrir a la prórroga presupuestaria tiene fuertes repercusiones para las personas con discapacidad y nuestras familias", aseveró Guillén.

 

La delegación del comité también pidió que se adecue la normativa catalana a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el máximo tratado internacional sobre los derechos del colectivo y que es de obligado cumplimiento desde su ratificación, en 2008, por parte del estado español.

 

Por su parte, el vicepresidente del Cocarmi, Raimon Jané, también instó a elaborar, en todas las iniciativas legislativas, informes previos sobre la adecuación a la Convención". Cada nueva ley que apruebe el Parlament de Catalunya ha de ajustarse plenamente a los principios, mandatos y valores de la Convención. Después de más de diez años de su entrada en vigor, no podemos asumir que los derechos de las personas con discapacidad y sus familias se sigan situando por debajo de los estándares internacionales ", afirmó Jané.

 

Asimismo, el Comité urgió al Parlament a que vele, a nivel legal, para que la acelerada digitalización que está viviendo la sociedad en los últimos años, y que se ha acentuado con la pandemia, sea “accesible e inclusiva”. "Estamos en medio de una revolución digital que influye en el proceso de recuperación económica y social y, por tanto, hay que garantizar que los procesos de digitalización sean inclusivos. No podemos dejar a nadie atrás, debemos reducir la brecha digital: que todos tengan dispositivos, que sean accesibles y que la red llegue a todos los rincones de Catalunya", declaró el secretario general, Enric Botí.

 

En la misma línea, se reclamó que el Parlament de Catalunya trabaje para asegurar la participación política de las personas con discapacidad y que acerque la institución al colectivo, garantizando la accesibilidad en todas sus actividades, también en la toma de decisiones políticas, de las que no podemos quedar al margen.